El espacio público de las ciudades es un indicador que define su calidad. El derecho al espacio público es, en última instancia, el derecho a ejercerlo como ciudadano. Las administraciones deben gestionarlo, preservándolo siempre como derecho colectivo. Su privatización, si no está debidamente regulada, puede ser un factor de desequilibrio.
Necesitamos una ordenanza de terrazas que regule el equilibrio del uso del espacio público, y garantice el derecho de los ciudadanos a disfrutar de unos espacios de calidad. La instalación por parte de las terrazas de un mayor número de mesas y sillas en la ciudad ha generado una sobreocupación y degradación del espacio público. Una ordenanza no puede obviar los conflictos que son consecuencia de este crecimiento indiscriminado de la ocupación del espacio público.
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