Patrimonio Ciudadano

El programa de Patrimonio ciudadano

El programa plantea una nueva agenda de colaboración público-comunitaria, generando la estructura institucional, el marco normativo y las herramientas que promuevan el desarrollo de esta nueva institucionalidad. La promoción de este nuevo marco debe permitir al Ayuntamiento avanzar en la innovación y la mejora de la gestión de los bienes y servicios públicos de la ciudad, facilitando la apertura de la gestión de lo público a la participación de comunidades activas y organizadas.

Este marco con el que se dota al Ayuntamiento de Barcelona, ​​desde 2017, tiene la finalidad de consolidar, apoyar e impulsar el uso comunitario del patrimonio público municipal: bienes inmuebles, solares o equipamientos gestionados por entidades sin ánimo de lucro. El desarrollo del programa implica alcanzar los siguientes objetivos estratégicos, y el espacio de gobernanza debe garantizar el seguimiento de estas metas:

• Reconocer, poner en valor y promover los bienes comunes en la ciudad desde el Ajuntament de Barcelona. Para ello, es necesario democratizar la gestión de los bienes municipales y hacer más transparente los procesos y circuitos de adjudicación y evaluación a partir del Catálogo de Patrimonio Ciudadano.

• Incentivar, acompañar y apoyar procesos de experimentación comunitaria con recursos de titularidad pública. Para garantizar la función pública del uso social y participativo de estos recursos, son necesarios indicadores centrados en el bien común como los establecidos en el Balance comunitario.

• Crear e implementar un nuevo marco que proteja la autonomía y dé sostenibilidad a los proyectos comunitarios, facilitando su pleno desarrollo a partir del establecimiento de convenios y criterios marco y el espacio de gobernanza participada.

La gestión comunitaria entiende que el patrimonio público no lo gestiona sólo la administración, sino que el conjunto de recursos comunes pueden ser gestionados por la ciudadanía organizada. En este sentido, es necesario definir de forma consensuada con las entidades y comunidades una estrategia compartida que avance hacia una definición compartida de los retos del fomento de las políticas de colaboración público-comunitarias y de su gobernanza. Y por eso se plantea este proceso participativo.

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