Implicación de la administración pública

La administración pública debe ser un mecanismo de garantía de derechos y en este sentido se propone generar un compromiso institucional para personarse como acusación cuando se vulneren derechos. Por otra parte, se propone que exista una actitud proactiva por parte de la administración a la hora de ofrecer servicios vinculado a derechos (ampliar artículo 13.3) y aplicar la “debida diligencia” que es la responsabilidad institucional para garantizar el derecho de las personas a vivir libre de violencias. Por último la diversidad de la ciudad debe estar representada dentro de la administración pública y por eso es necesario fomentar esta diversidad interna en términos de contratación.