Garantizar que las licitaciones tengan en cuenta criterios de calidad y no tanto de precio e incluir en las condiciones de los pliegos el respeto a la Carta de derechos humanos y garantizar los respeto a los derechos laborales, por ejemplo con una declaración responsable. Garantizar la aplicación de cláusulas sociales en todas las contrataciones públicas y por ejemplo poner cláusulas de salarios o convenios que no estén precarizados, o fijar la obligatoriedad de contar con personal diverso en las OAC.
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