Las transformaciones económicas, sociales y ambientales que ha vivido nuestra ciudad en los últimos años requieren un ejercicio de revisión del modelo de garantía de derechos: qué derechos se están perdiendo, qué nuevos derechos deberían ser reconocidos, qué deberes conllevan todos ellos y cuáles son las obligaciones que las administraciones y gobiernos deberían asegurar.
Uno de los principales instrumentos de que dispone el Ayuntamiento de Barcelona en este ámbito es la Carta de Derechos y Deberes de Barcelona, una Ordenanza aprobada en 2010 con el objetivo de promover un avance en la consecución de derechos y el cumplimiento de deberes por parte de las personas que viven en Barcelona. Después de 14 años de vigencia, el Ayuntamiento de Barcelona impulsa ahora un proceso de actualización de su contenido, con la voluntad de adecuarlo a la nueva realidad y las necesidades actuales de la ciudad y el mundo, preparándonos para los próximos quince años.
La renovación de la Carta irá acompañada del diseño e implementación de un Plan de acción de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, que se diseñará conjuntamente con la sociedad civil, y que servirá de guía para las políticas de derechos humanos que han de implementarse en la ciudad.
En el marco de estas acciones, se abre un proceso de participación con ciudadanía y agentes sociales y económicos para recibir aportaciones y propuestas de cambio, enmienda o incorporación de nuevos elementos a la actual Carta, y que sirvan también de guía para el futuro Plan.
Principios rectores del proyecto
Cercanía: trabajo para la sensibilización y garantía de los derechos humanos desde los barrios, con la complicidad de los servicios públicos y el tejido comunitario.
Retroalimentación, interdependencia e interseccionalidad: los derechos humanos están interconectados y toda afectación sobre uno tiene impacto en el resto. La defensa de un derecho no puede comportar la renuncia de otro. Es necesario luchar contra todas las desigualdades (por motivo de género, diversidad étnico-racial, salud, etcétera).
Plena ciudadanía: promoción y protección de los derechos humanos, independientemente de la situación administrativa de la persona.
Coproducción y coliderazgo con la sociedad civil: fomento de espacios de diálogo y construcción colectivos entre administraciones, ciudadanía y sociedad civil para la diagnosis, el despliegue de acciones y su evaluación.
Perspectiva extraterritorial: una ciudad que defiende los derechos de las personas que viven en ella y que, al mismo tiempo, actúa para minimizar los efectos de su modelo social y económico en los derechos de las personas que viven en otros lugares del mundo.
Durabilidad: las obligaciones de cumplimiento de los derechos humanos deben ir más allá de los ciclos electorales y no responder a un determinado color político, sino ser constantes e implicar a todas las administraciones.
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