La normativa vigente en materia de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó en el 2002. En aquel momento, esta normativa era bastante innovadora, pero debe adaptarse a los importantes cambios sociales y tecnológicos que se han producido en los últimos años en la sociedad.
Paralelamente, la ciudadanía, cada vez más, pide intervenir activamente en las decisiones de la Administración y en el diseño de las políticas públicas, sobre todo las que le resultan más próximas.
En 2013-2014, se llevó a cabo un proceso de revisión de la normativa para adecuarla a la realidad social, que no llegó a aprobarse en el Plenario por falta de consenso político. Algunas de las entidades que participaron en ese proceso han solicitado al Ayuntamiento reemprender un proceso participativo de revisión de la normativa, y, haciéndose eco de estas demandas, se ha iniciado este proceso.
Este es un proceso que requiere un consenso ciudadano y político, y por eso se ha formado una comisión impulsora amplia y representativa, en la que están presentes los grupos políticos del Consistorio, entidades de segundo grado y reconocidas personas expertas en la materia.
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